“Así como la Tragedia de Once desnudó brutal y literalmente que la corrupción mata, en Jujuy hicimos la dolorosa comprobación que también puede convertirse en un instrumento para el sometimiento y el avasallamiento de la dignidad de las personas, permitiendo que la delincuencia medre con las necesidades y la desesperación de los más necesitados”, afirmó la diputada provincial Cynthia Alvarado (LyDER), autora de un proyecto de ley de “Ficha Limpia”.
La iniciativa, apoyada por el bloque radical y el Poder Ejecutivo, tomó estado parlamentario a fines de 2020 y plantea incorporar a la legislación electoral de Jujuy la institución denominada “Ficha Limpia”, “que en defensa de la democracia y de los valores republicanos, propone cerrar el paso a candidaturas políticas de quienes tengan condenas por juez competente en proceso penal”, explicó la legisladora.
Alvarado reflexionó que “la lucha contra la corrupción en todas sus formas, principal causa de la pobreza, el atraso y la marginación social que padecen millones de argentinos, es hoy en día una de las principales demandas de la ciudadanía que tenemos el deber de escuchar”.
Tras advertir que el saqueo del Estado, “en tanto priva deliberadamente a la comunidad toda del acceso a prestaciones esenciales como la salud, la educación, la seguridad y la justicia, es un crimen contra la democracia que se vale de una legislación excesivamente permisiva con los corruptos a la hora de habilitar candidaturas a cargos públicos”.
El proyecto de Alvarado, primero sobre “ficha Limpia” presentado en la Legislatura, plantea modificar la legislación electoral para prohibir las candidaturas a cargos electivos de quienes tengan condenas por juez competente en proceso penal, aunque la pena no se encontrare firme o fuere de cumplimiento en suspenso, en delitos contra la Administración Pública, la integridad sexual, el narcotráfico, el orden económico y financiero, el estado civil, la libertad, la propiedad, los poderes públicos y el orden constitucional.
Los fundamentos del proyecto se basan en la obligación de prohibidad que exige la Constitución de la provincia a los funcionarios y empleados del Estado, a las convenciones internacionales contra la corrupción a las que está adherida la República Argentina y a la necesidad de responder a las demandas de la comunidad por transparencia y decencia en la función pública.-